Por Mario Quevedo, en Cantabricus

Son las personas las que toman las decisiones.

Entrada corta acerca de algo que me lleva revolviendo años: el cortafuegos institucional utilizado a menudo por las administraciones españolas.

Y la escribo hoy provocado por una entrada en esa línea, referida al reciente «acuerdo» por el cual BP se declaró responsable de la catastrófica marea negra causada por la plataforma Deep Impact en el Golfo de Méjico. Esa entrada se refiere especialmente a las grandes corporaciones. Un pequeño extracto que recoge el sentimiento:

The perfidious notion that corporations are people can lead to even more bizarre results. If corporations are people and they’re headquartered in the United States, then presumably corporations are citizens. That means they have a right to vote as well.

I’ll believe corporations are people when Texas executes one.

Y es que a los individuos responsables de la toma de decisiones les viene bien la pátina institucional para obviar que son esas personas con nombres y apellidos las que toman las decisiones.

Ya sea desde un Ministerio de Medio Ambiente (ya, ya se que eso no existe hoy en día), desde una Dirección General de Agroganadería (autóctona o alóctona) etc., esas personas que ostentan cargos públicos son responsables de esas decisiones. De las correctas y de las incorrectas.

No es mi intención aquí aumentar la presión sobre los cargos públicos, cuya tarea no es especialmente fácil; sólo que se llame a las cosas por su nombre. Cuando un cargo público que recibe un sueldo por su actividad dice una tontería que, por ejemplo, sitúe a los lobos a la altura de delincuentes habituales, o que reduzca la formación del paisaje de un parque nacional a los últimos 100 años, no vale que se esconda tras «El Gobierno de Asturias (o de Castilla La Mancha)» o «La Dirección del Parque Nacional», o «el Grupo Parlamentario».

Creo que si todos somos conscientes de que las responsabilidades son personales, todos pensaríamos mejor lo que hacemos y decimos. Especialmente cuando el público nos paga por ello. Eso se traduciría en menos declaraciones por día, en menos actividad supuestamente «política». Se traduciría también en más precisión, en más eficiencia, en decisiones y declaraciones mejor fundadas. Mejor gobierno, ¿no?.

Imaginad que el que esto escribe, un día, en el desempeño de sus tareas habituales en la Universidad de Oviedo, dice una borricada; comete un error al contar el tema 6 a los alumnos, o expresa una opinión personal no necesariamente transferible. Escenario por cierto absolutamente  verosímil. ¿Es ese error responsabilidad de la Universidad? ¿Es responsabilidad del Área de Ecología?

No. El error es mío.  La responsabilidad de solventarlo o asumirlo, también.